Durante una rueda de prensa, Tamara Sujú, activista y miembro del Foro Penal Venezolano citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que expresa que el Estado y las instituciones gubernamentales deben ser las garantes de los derechos de los venezolanos, sin menoscabo ni discriminación alguna.
De acuerdo a una nota de prensa, Sujú alertó sobre los recientes hechos sucedidos en el país, específicamente sobre la polarización y la violencia política, destacando los diversos epítetos y sobrenombres con los que el Gobierno se ha referido a la oposición venezolana. “Antes del 14 de abril la oposición era llamada majunches, fascistas, sifrinitos y luego de esa fecha pasamos a ser enemigos de la patria, mercenarios, burgueses, oposición parasitaria y promovedores de la guerra económica, cosa que ha incrementado la persecución de miembros de la oposición”.
Recordó que el Presidente de la República en la Asamblea Nacional, llamó a la diputada María Corina Machado y a Leopoldo López, enemigos de la patria, trilogía del mal, mercenarios. “Inmediatamente aparecieron en las calles del centro de Caracas afiches de la trilogía del mal, con las caras de miembros de la oposición, incitando al odio contra estos venezolanos”, aseveró Sujú.
“Hasta los momentos no hemos escuchado pronunciarse a ningún representante del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo sobre discriminación contra estas personas”, reflexionó la activista de derechos humanos.
Con relación a la reciente prohibición a Henrique Capriles de sobrevolar el cielo venezolano, Sujú indicó que todos los venezolanos tienen el derecho de transitar todo el territorio nacional de forma libre sin ninguna restricción.
“¿Dónde está la Defensora del Pueblo que no se ha pronunciado al respecto?”, preguntó.
Igualmente, Sujú denunció las detenciones de los miembros del partido Voluntad Popular y Primero Justicia, especialmente el de Alejandro Silva. “Alejandro Silva fue sacado a la fuerza de su habitación a la una de la madrugada. Desapareció durante ocho horas y la Fiscal General alegó que fue invitado en calidad de testigo”.
Destacó la desaparición del General Ramón Lozada, secuestrado este martes a la una de la tarde en las cercanías de Montalbán 1. Indicó que hasta los momentos no se tiene información de su paradero y no ha habido ningún pronunciamiento por parte de las autoridades competentes y órganos de seguridad.
También se refirió al reciente saboteo del acto de Capriles en Maracay, cuando fue incendiada la tarima así como el vehículo donde éste se iba a trasladar. “Sobre este caso, las instituciones del Estado tampoco se han pronunciado, no es acaso esto un caso de violencia política”.
Sujú hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que abra investigaciones sobre las diversas denuncias que se han hecho sobre violencia política y derechos humanos, así como también los casos de los hermanos Guevara e Iván Somonovis, que tienen el tiempo de pena cumplido para obtener una medida cautelar y hasta los momentos les ha sido negada.
“No hay respuesta por parte de los organismos del Estado. Ustedes son los defensores de los derechos del pueblo, de todos los venezolanos, estamos esperando que ustedes actúen. No sólo a los oficialistas, sino a los de la oposición que somo la otra gran mitad de Venezuela”, puntualizó.
Por su parte, Alfredo Romero, Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, resaltó la política de represión por parte del Estado venezolano contra aquellos de disienten del gobierno. “Nos angustia, nos preocupa y consideramos que es una violación muy grave a los derechos humanos porque ya no se están respetando los límites mínimos de las formas procedimentales cuando se refiere a detenciones de ciudadanos”.
De acuerdo con Romero, las detenciones son arbitrarias y se asemejan a las que se realizan en gobiernos dictatoriales de mayor restricción de libertades que han existido en Latinoamérica.
Para Romero, el caso de Alejandro Silva no es la única detención arbitraria existente, también está el periodista Bryan Acosta, que apareció posteriormente en las oficinas de contrainteligencia militar en Boleíta.
Recordó el caso del padre José Felix Montoya, quien fue detenido durante cuatro horas para ser interrogado por funcionarios del DIM.
“En cuanto al General Ramón Lozada, hasta ahora manejamos información de que fue secuestrado por personas armadas. Los familiares han acudido al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al Grupo Anti Extorsión y Secuestro (Gaes), y otros organismos y hasta ahora no hay respuesta del paradero del general”, informó Romero.
“Estamos preparando un informe no sólo para entregarlo a la Comisión Inter americana de Derechos Humanos, sino también al Tribunal Internacional de la Haya y a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU”, dijo.
Agregó: “Haremos que esto retumbe en los oídos de los responsables de estas violaciones. No se puede permitir que los que tienen el poder lo utilicen de manera abusiva. Sin control”, señaló Romero.
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